El militar que gobernó el país durante un año y cinco meses, murió ayer en medio de un proceso especial para determinar su responsabilidad por crímenes de lesa humanidad.
Durante el debate, el general se declaró inocente ante el Tribunal A de Mayor Riesgo.
La muerte de José Efraín Ríos Montt deja una pregunta sin respuesta: ¿Se cometió genocidio en contra de 1 mil 771 ixiles durante su gobierno de facto, entre 1982 y 1983?
El 10 de mayo de 2013, el Tribunal A de Mayor Riesgo, dio una respuesta temporal a esa pregunta al condenar a 80 años de prisión por genocidio y delitos contra deberes de humanidad al exjefe de Estado y absolver a su jefe de inteligencia, José Mauricio Rodríguez Sánchez. La sentencia duró diez días, pues la Corte de Constitucionalidad (CC) anuló el fallo y ordenó el reinicio del proceso. Después, la pregunta volvió a formularse y se inició un largo camino hasta una posible respuesta.
El Tribunal A de Mayor Riesgo –presidido por Yassmín Barrios– consideró que el fallo de la CC no podía ser acatado, debido a que ya se había dictado sentencia contra los acusados, por lo que enviaron la resolución a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que ésta decidiera el futuro del proceso.
La CSJ le ordenó a la Sala Primera de Apelaciones que desatara jurídicamente el caso, pero sus magistrados se excusaron. Otros 35 togados también se excusaron, y, finalmente, la Sala quedó integrada por Frank Martínez –actual candidato a Fiscal General– como presidente suplente; y los vocales Juan Hernández y Juan Rodas, quienes ordenaron al Tribunal B de Mayor Riesgo que diera cumplimiento al fallo de la CC, que ordenaba solo retrotraer el juicio.
El Tribunal B de Mayor Riesgo asumió el control del caso pero decidió reiniciar todo el debate, que iniciaría un año más tarde.
Recursos y senilidad
El 5 de enero de 2015 el Tribunal B reinició el juicio contra Ríos Montt y Rodríguez Sánchez, pero la defensa del exjefe de Estado recusó a la jueza Janet Valdés, por haber elaborado una tesis sobre el delito de genocidio. La acción postergó el juicio un año más, pero en 2016 –cuando se reanudó–, los defensores solicitaron que se declarara interdicto a Ríos Montt por padecer demencia senil.
Los estudios médicos y psicológicos para determinar el estado de salud mental del militar duraron meses. Entonces, el Tribunal B ordenó que enfrentara un juicio especial para la aplicación de medidas de seguridad. Ese proceso inició el 16 de marzo de 2016, pero dos meses después, la CC ordenó al Tribunal B que juzgara a Ríos Montt y a Rodríguez Sánchez por separado.
Desde octubre de 2017, los militares eran juzgados cada viernes: Ríos Montt a puerta cerrada, durante la mañana; y Mauricio Rodríguez Sánchez, de manera pública por las tardes.
La próxima audiencia está prevista para el 6 de abril. El abogado Jaime Hernández solicitará la extinción de la persecución penal contra Ríos Montt. Los querellantes de ese proceso continuarán los peritajes contra Rodríguez Sánchez.
Por: Gerson Ortiz, publicado el 2 de abril de 2018.
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