El 29 de diciembre de 1996 se firmaron los acuerdos de paz tras 36 años de conflicto armado en Guatemala (Movimiento revolucionario – Gobierno) que se llevo por delante la vida de mas de 350.000 personas y miles de desplazados y exiliados. Llegó la paz y también las transnacionales mineras que invadieron el país durante el gobierno liberal de Álvaro Arzu, que confeccionó una ley a la medida de estas transnacionales (Ley 48/97). No se exige estudio de impacto medioambiental, ni consulta a las poblaciones afectadas y permite la propiedad del 100 % de la explotación y además concede a las empresas el 99 % de los beneficios y solo exige una compensación económica para el estado del 1 % del beneficio declarado.

   Guatemala tiene una extensión de 108.899 Km2, mas o menos como Andalucía, pero es lo mas parecido a un queso de “gruyere”, agujereado por todo lados, entregado a las transnacionales. Dice Roberto Madrini, de la Comisión Pastoral, Paz y Ecología integrada por organizaciones indígenas y la Iglesia católica de San Marcos (Guatemala), que desde 2005 se oponen y luchan junto con los campesinos, mayas-man de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa (San Marcos) contra la explotación de la mina Marlin que excava sin escrúpulos inmensos cráteres en estos dos municipios para extraer el oro en minas a cielos descubierto.

“Nuestra lucha no es contra una mina, dice Madrini, en Guatemala existen 107 minas a cielo descubierto en plena explotación y hay otorgadas otras 417 concesiones mineras.

   Para la extracción de oro hay que romper la montaña provocando cráteres de más de 150 metros de profundidad. Es habitual que produzcan fugas de materiales pesados que contaminan las aguas. Los trozos de montaña son triturados y se emplea cianuro, un ácido mortal, para lavar la roca triturada y extraer el oro. Pero además la mina  utiliza 250.000 litros de agua por hora, vuelve a verte en los ríos contaminada con cianuro y metales pesados. El impacto de sobre personas, animales y vegetación es brutal y puede mantener la contaminación durante cientos de años.

   En el año 2003 las población de San Miguel Ixtahuacan y Sipacapa iniciaron su oposición y lucha contra la explotación de la mina Marlin apoyados por los pueblos indígenas del Altiplano. Se logro una consulta popular y 700.000 personas dijeron no a la mina Marlin. Tras varias denuncias internacionales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acaba recientemente de condenar a la empresa, y el anterior gobierno de Álvaro Colón se ha comprometido a paralizar la actividad de la multinacional minera. La contaminación de las tierras y del agua seguirá durantes años.

  Situaciones similares se repiten en las selvas y montañas de Perú, Bolivia, Brasil, Venezuela,  Colombia, Honduras y Ecuador.

   ¿A qué viene esta nueva “fiebre del oro”? ¿Qué esta pasando para que de nuevo las multinacionales vuelvan a robar con virulencia las riquezas de las entrañas de las tierras que no les pertenecen? No importan el daño que infringen a personas, animales y tierras y que lo padecerán por muchos años.

    El precio del oro ha pasado en una década de 220 a 1303 euros la onza. ¿Será razón suficiente para tanto daño?

  La mina Marlin es propiedad de Gladis Gold (Goldcorp), una de la cinco multinacionales mineras mas potentes. Opera a través de la compañía Montana de origen canadiense. Y Goldcorp es un fondo de pensiones de Canadá, del que también participan fondos de pensiones de Noruega, Suecia e Irlanda. En Goldcorp hacen negocio inversores privados, universidades y bancos de Canadá y EE. UU. Mientras los trabajadores de Europa y de Norte América invierten 200 euros mensuales en fondos de pensiones para gozar de una jubilación feliz, no saben que eso será a costa del sufrimiento de personas que jamás podrán tener una jubilación digna.

 Vicente Casado