Líderes comunitarios del Departamento de Sololá
En Septiembre de 2014, Amnistía Internacional publicó una noticia y un informe sobre la situación que viven muchas comunidades rurales en Guatemala, que sufren las consecuencias de las actividades mineras que destruyen su medio ambiente y afectan a su calidad de vida, e incluso a su salud, sin que se tengan en cuenta el derecho de las comunidades a ser consultadas antes de que dichas actividades se inicien.
El 30% de la población de Guatemala vive en una pobreza extrema y dicha pobreza se agudiza en las zonas rurales, donde habita la mayor parte de los pueblos indígenas. Es en estas zonas donde se localiza la mayor parte de la minería industrial en Guatemala. Dicha minería está fundamentalmente en manos de empresas canadienses. La actual ley no exige estudios de impacto medioambiental, permite la propiedad del 100% de la explotación por parte de las empresas y concede a éstas el 99% de los beneficios exigiendo solamente una compensación económica para el estado de un 1%. Esta situación ha generado en el pasado numerosos conflictos entre las poblaciones rurales afectadas y el personal de la seguridad privada de las minas e incluso las fuerzas públicas de seguridad que las protegen. Estos conflictos han generado muertes y personas heridas y amenazas y violencia dirigidas, tanto contra dirigentes comunitarios que protestan contra las actividades mineras, como contra los defensores y defensoras de derechos humanos que les apoyan. En la mayor parte de los casos los responsables de estos actos no han rendido cuentas ante la justicia.
Una reforma de la Ley de Minería vigente, que se redactó en el 2012, se encuentra actualmente en el Congreso de Guatemala. Dicha reforma no corrige muchas de las deficiencias de la actual normativa, incluida la relativa a la consulta a las comunidades afectadas, al dar un escaso e insuficiente plazo de 10 días para impugnar las solicitudes de licencia, y al incluir medidas, como el sistema de consulta indirecta, que impide que muchas personas de la comunidad afectada puedan manifestar su opinión. La aprobación por el Congreso de estas reformas podría agravar las tensiones entre las comunidades y las empresas, avivando el conflicto e incrementando el riesgo de que haya derramamiento de sangre.
Las normas internacionales sobre derechos humanos establecen que es preciso consultar e informar adecuadamente a las personas que puedan verse afectadas por las consecuencias de las actividades mineras. Tal y como se expresa en el informe de Amnistía Internacional, “…tanto las autoridades guatemaltecas como las empresas mineras tienen la responsabilidad, basada en el derecho y las normas de derechos humanos, de garantizar una consulta adecuada con las comunidades afectadas y prevenir los impactos negativos en los derechos humanos. El Estado debe asimismo garantizar que las fuerzas de seguridad actúan de manera conforme con el derecho y las normas de derechos humanos relativos al uso de la fuerza, mientras que las empresas deben actuar con la diligencia debida para garantizar que la manera en que se proporciona seguridad a los proyectos mineros no da lugar a violaciones de derechos humanos”.
Desde la web de Amnistía Internacional se están recogiendo firmas para pedirle al Presidente de Guatemala que la reforma de la ley de minería incorpore, entre otras cosas, la consulta a las comunidades indígenas.
Puedes apoyar esta iniciativa a través del siguiente enlace:
https://www.es.amnesty.org/actua/acciones/guatemala-mineria-nov14/
Jose Manuel Serradilla
Integrante del Grupo Local de Córdoba de Amnistía Internacional