Por Rosalinda Hernández Alarcón
También hay que tener presente a todas aquellas a quienes se les niega una vida digna.
Guatemala, 24.04.2017 (EP) El femicidio múltiple ocurrido el 8 de marzo pasado es un hecho que no se olvida, a muchas personas dentro y fuera de Guatemala nos sigue causando un enojo superlativo. Imposible olvidar la muerte violenta de las 41 niñas y adolescentes, también tenemos en nuestro pensamiento a las que están todavía hospitalizadas en Estados Unidos, muchas de ellas dieron a conocer los abusos que sufrían y pedían vivir dignamente. Tomando en cuenta sus reclamos, tenemos muchas interrogantes que siguen sin respuesta y las escasas acciones seguidas para administrar justicia nos generan más indignación, al recordar sus testimonios que fueron ignorados.
Han pasado 45 días y todavía se desconoce el nombre de los agentes policíacos que estaban en el mal llamado Hogar Seguro Virgen de la Asunción, supuestamente para dar seguridad a las jóvenes; se ignora qué funcionarios de alto nivel del Sistema de Protección a la Niñez tienen responsabilidad por no haber garantizado el derecho a la vida de quienes estaban bajo su resguardo; no se ha identificado a los monitores que las agredían, maltrataban cotidianamente o ultrajaron, ellas todavía en vida lo denunciaron; cuál es el estado actual de las niñas que están internas tras sufrir terribles quemaduras, las que de manera súbita retornaron a su casas sin restablecimiento de sus derechos y las que recién forman parte del número de Alertas Alba Keneth.
Conocer las historias de vida de cada una de las niñas y adolescentes asesinadas en el albergue mencionado, ayuda a conocer la problemática de las violencias que vivieron durante su corta vida, y que –por distintos motivos– un juez dictaminó que ellas debían ser resguardadas por encontrarse en una situación de vulnerabilidad de sus derechos. Eso significa que sus hogares familiares carecían de condiciones para garantizarles una vida libre de violencias, que habían sido víctimas de algún delito de trata o existían amenazas de serlo.
Al conocer algunos rasgos de la legislación que protege a la niñez y adolescencia en Guatemala, es evidente cómo los principios de la Ley contra Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas fueron violados, ya que a las 41 jovencitas quemadas se les negaron los medios para erradicar las causas de su victimización y las garantías para su reintegración en la sociedad mediante la restitución de derechos, en suma, se lesionó su estado físico y mental, hasta que les quitaron la vida.
Las voces que señalan al Estado como responsable de esta masacre femicida están convencidas que es necesario reiterar sus reclamos, por ello seguirán unificando esfuerzos para realizar diferentes actividades, entre ellas, la Jornada de Memoria por las Niñas de Guatemala el 22 y 23 de abril. Una acción iniciará a las tres de la tarde en el parque central. Uno de los pronunciamientos de las organizaciones de mujeres y feministas es: ¡A las niñas no se tocan, no se violan, no se venden, no se queman, no se matan!