El ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez Gómez, en una fotografía de archivo. EFE/ Octavio Guzmán

Exfiscales explican desde el exilio que la Fiscalía guatemalteca pretende “desarticular todo el esfuerzo” de los últimos años contra la corrupción y la impunidad en el país centroamericano tras el anuncio de acciones legales contra el ministro colombiano Iván Velásquez.

Maria García Arenales, 23 de Enero de 2023

El exfiscal anticorrupción guatemalteco Juan Francisco Sandoval habla sin tapujos de la profunda crisis institucional y política que atraviesa su país. “Es una dictadura disfrazada de democracia en la que no hay espacio para las voces disidentes”, dice desde Washington, donde vive exiliado, al igual que otros muchos funcionarios de justicia que se vieron obligados a abandonar Guatemala por haber investigado en los últimos años casos de corrupción que involucran a las más altas esferas del poder.

Por eso no le sorprende que, hace una semana, la Fiscalía guatemalteca emprendiera acciones legales contra Iván Velásquez, actual ministro de Defensa de Colombia, por presuntas irregularidades en el caso Odebrecht cuando estuvo al frente de la Comisión Internacional Contra la Impunidad de Guatemala (Cicig) entre 2013 y 2017.

“La decisión tomada por la Fiscalía es una más de las que hemos venido denunciando los 30 operadores de justicia que nos encontramos en el exilio. El Ministerio Público actual, en contubernio con el poder Ejecutivo, el legislativo, el organismo judicial de Guatemala y la élite empresarial, han emprendido acciones contra todos los funcionarios y todo el personal de la Cicig que ayudó a descubrir los grandes casos de corrupción e impunidad”, dice Sandoval en conversación con elDiario.es.

Como consecuencia de ello, añade el abogado, a día de hoy en el país “no existen investigaciones de grandes casos de corrupción”, mientras que las que quedaron pendientes en los tribunales “se están destruyendo”. “Es una instrucción que forma parte de un plan para desarticular todo el esfuerzo que realizamos en Guatemala”.

La Cicig no fue una comisión cualquiera, sino un experimento inédito y exitoso. Nació en 2007, fruto de un acuerdo entre el Gobierno y Naciones Unidas, y a lo largo de 12 años logró desmantelar decenas de estructuras de corrupción y modernizar la investigación criminal en el país. La comisión reveló, por ejemplo, el escándalo de corrupción que terminó con la renuncia y detención en 2015 del presidente Otto Pérez Molina y su vicepresidenta Roxana Baldetti.

“Lo que la Cicig logró descubrir fue que en Guatemala existe un sistema corrupto, una suerte de redes político-económicas donde la oligarquía impone una serie de reglas para mantener los privilegios históricos y para eso se vale no solo de la clase política, sino que para garantizar la impunidad de sus acciones, el poder judicial es el que se las garantiza”, dice Sandoval.

La Cicig fue finalmente disuelta en 2019 por el entonces presidente Jimmy Morales, después de que la comisión comenzara a investigarle tanto a él como a su círculo familiar más cercano. Morales justificó su decisión acusando a la comisión de violar leyes internas y convenios internacionales, especialmente en el periodo del magistrado colombiano Iván Velásquez.

Crisis diplomática y condena internacional

Ahora el anuncio de la Fiscalía guatemalteca de tomar acciones legales contra el ministro de Defensa de Colombia por presunta corrupción cuando era jefe de la Cicig ha abierto una crisis diplomática entre ambos países. El fiscal guatemalteco Rafael Curruchiche aseguró que Velásquez tenía “pleno conocimiento de las oscuras o corruptas negociaciones que se estaban realizando con la empresa Odebrecht”, mientras que el presidente colombiano Gustavo Petro ha rechazado la orden de captura contra Velásquez y ha apoyado su trabajo.

Además, la fiscalía de Guatemala anunció órdenes de captura contra la ex fiscal general Thelma Aldana –también exiliada en EEUU– y contra otros exfuncionarios del Ministerio Público como Mayra Véliz y de la Cicig como David Gaitán. Todos ellos investigaron casos de corrupción.

La ONU, el Departamento de Estado de EEUU, la Unión Europea y organizaciones como Transparencia Internacional y Human Rights Watch han mostrado su preocupación por las represalias contra funcionarios de justicia y otras personas que participan en la lucha contra la impunidad por violaciones de derechos humanos en el país centroamericano, o que trabajan en casos de lucha contra la corrupción.

Resistencia en el exilio

Con este anuncio, asegura por su parte Sandoval, la Fiscalía guatemalteca no solo lanza el mensaje de que las élites han recuperado el poder judicial, sino que “ningún operador de justicia puede atreverse a investigar los graves casos de corrupción, porque corren la suerte de ser perseguidos y desterrados”, como ha sucedido con tantos jueces y fiscales que se han marchado al exilio. También es un mensaje, añade, para cualquier persona que pretenda brindar información sobre hechos delictivos, pues “se están cuestionando temas como la colaboración y los testigos protegidos”.

Sandoval, que trabajó durante más de una década en la Fiscalía Especial contra la Impunidad, fue destituido en 2021 por la fiscal general, Consuelo Porras, de “forma ilegal”, dice, después de encontrar indicios de corrupción que involucran al actual presidente Alejandro Giammattei en eventuales delitos. Al no contar con apoyo institucional, la vida de Sandoval corría peligro en Guatemala, por lo que se vio obligado a marcharse. Ahora suma cuatro órdenes de captura en su contra y trata de “sobrellevar la situación” lo mejor que puede. “Es una cuestión de resistencia y seguir denunciando”, explica al otro lado del teléfono.

Quien también ha tenido que salir de Guatemala al no sentirse seguro en el país es Jordán Rodas, procurador de los Derechos Humanos entre 2017 y 2022, que tilda la decisión de la Fiscalía de “sinsentido”, ya que existe “un convenio marco que garantiza inmunidad plena” tanto de Velásquez como de los funcionarios de la Cicig “antes y después del trabajo realizado”, dice a elDiario.es.

“Jurídicamente es inviable y políticamente una torpeza del Estado. No solo demuestra ignorancia, sino una mala fe para tensar las relaciones con un país hermano como Colombia, que ha aportado mucho. Y pone en evidencia lo mal que están manejadas las relaciones internacionales por el actual Gobierno, que ha seguido el mismo patrón de Jimmy Morales”, dice Rodas, que hace un llamamiento a la comunidad internacional para que Guatemala pueda ver “esa luz al final del túnel” y seguir adelante.

Visto en: eldiario.es