Sebastián Escalón 23/05/2019

El cúmulo de afectaciones que impacta en la vida de las trabajadoras del hogar pasa sin mayor ruido para las autoridades en Guatemala. Mientras el máximo órgano de defensa del Estado registró a dos víctimas de violación sexual en el último año, una organización civil revela una cifra oculta: un 40% de trabajadoras fue víctima de episodios de violencia. Un sector ocupado por mujeres indígenas.

Desde los 16 años, Josefa Pérez ha trabajado en casas particulares de la Ciudad de Guatemala para mantener a su familia. En cuarenta años de vida dedicados al servicio doméstico, esta mujer maya k’iché, originaria de la aldea Canel, Quezaltenango, ha pasado por todas las situaciones posibles: sueldos miserables, mala comida, cuartos insalubres, insultos racistas, reclamos, despidos, y hasta un intento de violación por parte del nieto de una de sus empleadoras.

También ha conocido experiencias buenas, familias o personas para quienes le dio gusto trabajar. Una regla, dice, la ha guiado: “donde me tratan bien me quedo, donde no, me voy y busco otro trabajo”. Pero basta con que cuente parte de su vida para entender que esa regla no siempre se puede aplicar. Muchas veces ha callado y aguantado maltratos pensando en el dinero que tiene que mes a mes tiene mandar a su aldea natal.

—A veces, uno se pone a pensar: si hay tantos ladrones puede ser por lo mal que lo tratan a uno. Tal vez ir a robar es más fácil que aguantar la humillación que uno sufre en casas. Es duro. Una trabaja, piensa en sus hijos, en qué estarán haciendo. Cuando empiezan a estudiar, uno no puede ayudar con las tareas. Mi pequeño, con dos años y medio lo dejé, y solo podía volver cuatro o cinco días cada cuatro meses, reflexiona esta migrante interna que tuvo que dejar a sus dos hijos al cuidado de la abuela para poder mantenerlos.

Para Maritza Velásquez, directora de la asociación de trabajadoras del hogar, a domicilio y de maquila (Atrahdom), “el trabajo doméstico es una de las ramas más vulnerables. Es una forma de esclavitud moderna”.

Es, en efecto, un sector en el cual, todas las normas laborales que pretenden convertir el trabajo en una institución moderna, se han topado con un sistema paralelo de servidumbre que atraviesa todas las clases sociales.

Los datos de la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos de 2016 muestran que, en promedio, las trabajadoras domésticas ganan Q831, es decir, el 27% del salario mínimo de ley, US$107 por trabajar un mes entero. La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida de 2014 recuerda que el 98.9% de las trabajadoras del hogar carecen de contrato laboral. El 13% de las trabajadoras del hogar son menores de edad. Es decir, en Guatemala, hay más de 40 mil niñas y adolescentes trabajando en casas ajenas.

Esta situación debería inundar el Ministerio de Trabajo con denuncias por violación a todas las normas laborales. No es el caso. Datos obtenidos mediante la ley de acceso a la información muestran que, entre 2015 y 2019, el Ministerio recibió a penas 720 denuncias por parte de 727 trabajadoras domésticas, sector que emplea a 240 000 mujeres. Estas denuncias corresponden al 0.6% de las denuncias recibidas por el Ministerio, cuando las trabajadoras domésticas constituyen el 3.9% de los trabajadores en Guatemala.

Para el abogado laboralista Alejandro Argueta, ese bajo número de denuncias se explica por el bajo nivel educativo de unas trabajadoras y por el miedo que aún define a la sociedad guatemalteca. La ineficiencia y corrupción de las instituciones, agrega, también alejan a las trabajadoras del hogar.

La directora Maritza Velásquez complementa:

—Ellas no denuncian. Hay veces en que el empleador las ha amenazado. Les dice que él tiene amigos, poder. Ellas creen que si ponen denuncia ya no van a encontrar trabajo en otro lado.

En ocasiones, ante una denuncia de su empleada, los patronos responden denunciándola a ella, generalmente por robo. Con lo cual, cualquier intento de hacer valer sus derechos o buscar justicia, se pone rápidamente cuesta arriba.

Fidelia Castellanos, secretaria general del Sindicato de Trabajadoras Doméstica, Similares y A Cuenta Propia (Sitradomsa), explica que ellas ayudan a las trabajadoras del hogar a plantear las denuncias ante el Ministerio de Trabajo. El caso más común es que, al ser despedidas, o al renunciar a su trabajo, el empleador no les paga el pasivo laboral al que tienen derecho. A partir de la declaración de la trabajadora, el inspector de trabajo hace el cálculo del dinero que se le debe en base al salario mínimo, las vacaciones, aguinaldo, horas extra, y luego convoca al empleador a una reunión de conciliación con la empleada.

En teoría, en esta reunión, las dos partes deben negociar el monto de la prestación en base al cálculo del auditor, y, tras ponerse de acuerdo, saldar cuentas. Pero en la práctica, y aunque Sitradomsa ha logrado 30 conciliaciones en cuatro años desde 2015, este sistema raras veces funciona.

De las 720 denuncias recibidas en cuatro años por el Ministerio de Trabajo, sólo se resolvieron 176 de manera conciliada, el 24% de los casos. Los casos en que o no se llegó a un acuerdo, o en que una de las partes no acudió a la citación, o en que la trabajadora “no siguió la denuncia” son más numerosos (246 casos, 34%). Otro tercio de los casos, incluso los que fueron interpuestos en 2015, siguen “en trámite”.

Si el Ministerio de Trabajo no logra resolver un reclamo laboral, la trabajadora debería acudir al Ministerio Público a poner una denuncia formal. Pero esto raramente sucede. Según la secretaria general Fidelia Castellanos, “las compañeras se resisten a ir a denunciar porque a veces los casos se alargan. Ellas tienen que trabajar, buscan un trabajo nuevo, y en ese nuevo ya no les dan permiso de acudir a las audiencias”.

Es por esta razón que el sindicato, durante las conciliaciones con los empleadores, recomienda a la empleada sacrificar una parte de su pasivo por no alargar un proceso judicial eterno al que, probablemente, no podrán dar seguimiento.

El peso de la colonia: ¿Usted es indígena?

—‘¿Usted, como mujer indígena, cree que los maltratos que ha sufrido tienen que ver con racismo?’, me preguntó una vez una patrona—, recuerda Josefa Pérez.

—Bien (sí), uno lo siente. A veces a una le dicen así: ‘como usted es una india’. ¿Y usted qué es?, me preguntaba. Sabe que todos somos hijos de Dios. Dios no mira diferencias, ama a los hijos sean como sean. A una la discriminan por el traje. Muchas veces me han dicho ‘¿por qué no se quita el traje, se pone pantalón, usa vestido, se corta el pelo?’. Yo digo, me siento bien con mi traje. ¿Por qué me lo voy a quitar si nos sentimos orgullosos del traje que es nuestro?

El 60% de las trabajadoras del hogar en Guatemala son indígenas. Esto lleva, según la antropóloga Aura Cumes, quien escribió su tesis de doctorado sobre el trabajo doméstico, a que en el imaginario de la población se haya arraigado una homología: “las mujeres indígenas son sirvientas y las sirvientas son indígenas”. Esto es una herencia más de la Colonia. “Durante la Colonia es cuando nos convertimos en sirvientas. Es la colonización la que pone a las blancas en la condición de patronas y a las indígenas en la de servidumbre,” explica Cumes, quien es maya kakchiquel.

Las trabajadoras domésticas mayas, migrantes internas, son blanco de burla y discriminación racial. Para la antropóloga Cumes, el racismo atávico de la sociedad guatemalteco tiene múltiples formas. Va desde los casos extremos de violencia, golpes, encierros, insultos, hasta formas más o menos conscientes de discriminación disfrazada de benevolencia.

—Existen esas patronas que, dentro de un marco maternalista, dicen cosas como ‘yo la casé, le hice su fiestecita, le di su regalito’… con esos diminutivos que muestran que no ven a la empleada como una igual.

Pero, aquí también, las denuncias por discriminación racial siguen siendo excepcionales. Según los datos facilitados por la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo mediante la ley de acceso a la información, la institución solo ha recibido dos quejas por parte de trabajadoras domésticas, una 2013 y la otra en 2018. Ambas ‘siguen en investigación’ en el Ministerio Público.

Violencia sin castigo

Según las encuestas realizadas por Atrahdom, un 40% de las trabajadoras ha conocido alguna forma de violencia, incluida violencia sexual. Pero aquí también, el nivel de denuncia es bajísimo.

Una de las misiones del Instituto de la Defensoría Pública Penal (IDPP) consiste en representar de forma gratuita a mujeres que han sido víctimas de violencia y abusos ante los juzgados. Es, para las mujeres de escasos recursos que han sufrido maltratos, una institución clave para obtener reparaciones, tramitar órdenes de alejamiento y castigar a sus victimarios. Nydia Arévalo de Corzantes, directora del IDPP, admite que, de los 8,629 casos conocidos por la institución en 2018, solo tres, uno, dos y tres, fueron presentados por trabajadoras de casa particular. Se trata de dos casos de violación y un intento de violación con violencia física en los que el agresor, según la funcionaria, “era el marido de la empleadora”; es decir, el patrón. No da más detalles ya que los procesos están en litigio.

¿Qué nos dice un número tan bajo de casos?, se le pregunta a la directora Arévalo. “Una, podría ser que no sea un fenómeno muy común, pero yo lo veo difícil. Y la otra es que no existe la cultura de la denuncia. Si no denuncian, el Estado no puede reaccionar”.

“No vamos a legislar que tengan salario mínimo”

Según los dos sindicatos que representan a las trabajadoras domésticas, una herramienta clave para mejorar sus condiciones laborales y aliviar la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran es el Convenio 189 de la OIT. Este convenio exige a los países signatarios mejorar la situación laboral de las trabajadoras del hogar brindándoles una serie de derechos como salario mínimo, vacaciones, acceso al seguro social. Guatemala lo firmó en 2011, pero el Congreso aún no lo ha ratificado.

Tras la firma del Convenio, se hubiera podido pensar que la ratificación sería un simple trámite: los sindicatos abogaron con fuerza por él, la Secretaría Presidencial de la Mujer emitió una opinión favorable, el CACIF dijo no oponerse, y la presión internacional buscó que el Convenio se convirtiera en ley. Ningún grupo organizado se pronunció abiertamente en su contra. Sin embargo, la iniciativa de ley lleva ocho años paralizada en el Congreso, desde la parte final del gobierno de la Álvaro Colom, todo el del Otto Pérez Molina y casi todo el de Jimmy Morales. Para la diputada Sandra Morán, quien ha hecho lo posible por esta ratificación, el salario mínimo que contempla el convenio aún suscita la oposición de los congresistas.

—Partimos de que, en Guatemala, las personas de clase media o media baja usan el apoyo de otra persona. Ellas han dicho que no tienen la capacidad de pagar salario mínimo.

Según Sandra Morán, la oposición más fuerte en el Congreso ha venido, paradójicamente, de las diputadas.

—Ellas dicen que las mujeres en sus distritos les han dicho que no pasen la ley. Hablamos de mujeres profesionales, médicas, maestras, que hablan con las diputadas y les dicen ‘no puedo pagar’.

En el sistema patriarcal guatemalteco, son sobre todo las mujeres de clase media que trabajan, las que según las diputadas se sienten amenazadas por los derechos laborales de las trabajadoras domésticas. Para los hombres, con o sin trabajadora doméstica, los quehaceres de la casa siguen siendo un problema ajeno.

El único que expresa más abiertamente su rechazo a la ratificación del convenio 189, es el estrambótico diputado Fernando Linares Beltranena, de extrema derecha.

—Elevar el salario mínimo va a provocar el despido de trabajadoras domésticas, en especial de las más pobres y necesitadas. La mayoría de personas que hoy recibe menos que el salario mínimo será despedida. Esa medida solo serviría para empoderar a unos sindicatos que promueven la lucha de clases entre empleadores y empleadas, y que viven del resentimiento. Es socialismo empobrecedor.

El diputado afirma ser él uno de los que alertaron al resto de diputados sobre los peligros de la ratificación. Con esto, Guatemala es uno de los únicos países de América Latina, junto a México, El Salvador y Honduras, en no haber ratificado el Convenio.

Para la diputada Sandra Morán y la activista Maritza Velásquez, una manera para que las familias de la clase media puedan otorgar salario mínimo a sus trabajadoras del hogar, es contratándolas a tiempo parcial. Al final, indica Morán, la importancia del convenio 189 es que enfatiza el valor que tiene el trabajo doméstico, el peso tan importante como ignorado que tiene en la economía.

—Si pensamos en las mujeres y los hombres que migran a los Estados Unidos para hacer allá trabajos domésticos y que mandan remesas, y a esto le sumamos el trabajo doméstico que se hace aquí, vemos que el trabajo doméstico le da vida a este país—, indica la diputada Morán.

El abogado laboralista Alejandro Argueta opina que el problema no es tanto la falta de legislación, sino la falta de implementación de la normativa laboral actual. Según el experto, las trabajadoras del hogar ya deberían cobrar sueldo mínimo, pero esto es algo que nadie exige. La dificultad del tema radica en que no es una lucha entre la clase alta y la clase baja, sino de trabajadores con trabajadores, de clase media contra clase baja. Cita el caso de trabajadoras de las maquilas quienes, para ir a trabajar, necesitan que una empleada doméstica les cuide a los niños. Cobrando sueldo mínimo, les es imposible pagar sueldo mínimo a su empleada. Además, cuando vuelven a su casa, traen con ellas el peso de las humillaciones y maltratos que ellas recibieron en su lugar de trabajo, y eso lo reflejan en su trato con su empleada. Para el abogado Argueta, es toda la estructura laboral, en todos los ámbitos, la que hay que dignificar.

Ahora que Guatemala entra en periodo electoral, es imposible que el Convenio se apruebe este año. Para las activistas de la asociación Atrahdom, o del sindicato Sitradom, esto significa que el año que viene, deberán recorrer de nuevo los pasillos del Congreso e intentar formar nuevas alianzas con los diputados que queden electos.
“Con mi liquidación, pude pagar el colegio de mi hijo”

Para mientras, queda esperar que pequeñas victorias sean una señal de que algún cambio se esté operando. Josefa Pérez fue despedida el 1 de febrero, después de 4 años de trabajo en la misma casa. Esa misma mañana, su patrona le pidió que se sentara frente a la mesa y le presentó unos documentos para que los firmara. Pretendía entregarle 12 mil quetzales como pago de su pasivo laboral. Josefa Pérez rechazó el dinero y en vez de firmar, llamó a la abogada del sindicato Sitradom. “Hable usted con mi abogada”, le dijo Josefa Pérez a sus patronos, quienes no se lo podían creer. La abogada hizo un cálculo del pasivo laboral de Josefa y llegó a la cifra de Q22 mil. Tras una negociación algo tensa entre los empleadores, la abogada y Josefa Pérez, esta última logró que le dieran Q18 mil.

—Con eso cancelé unas deudas que tenía, y pude pagar la carrera (bachillerato) de mi hijo. Porque mi hijo se graduó este año, ya terminó la carrera, dice orgullosa. Su plan de futuro: seguir trabajando unos años, ahorrar, poner un negocio y vivir con su hijo del que siempre estuvo separada por trabajar en la casa de los demás, cuidando hijos ajenos.

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Este texto forma parte de una investigación regional sobre uno de los grupos más vulnerables del continente: las trabajadoras del hogar. Las historias recogidas en cuatro países, ofrecen un panorama dramático sobre los abusos laborales, daños a la integridad física y psicológica, y una serie de situaciones violatorias de los derechos humanos de miles de personas, incluso menores de edad, de manera cotidiana y a puerta cerrada, mientras los gobiernos de distintos países siguen discutiendo el alcance de sus derechos en pleno siglo XXI.

Visto en ww.simpermiso.info