El exdictador guatemalteco José Efraín Ríos Montt, que gobernó de facto el país entre marzo de 1982 y agosto de 1983, ha sido condenado a 80 años de prisión por el genocidio perpetrado durante su gestión contra la etnia indígena ixil y crímenes de lesa humanidad.

Ríos Montt, fue condenado a 50 años de prisión por genocidio y a 30 por delitos contra deberes de la humanidad, como la legislación guatemalteca tipifica los crímenes de lesa humanidad.

La juez Jazmín Barrios, presidenta del Tribunal Primero A de Mayor Riesgo, al leer la sentencia, dijo que «Ríos Montt tuvo conocimiento» de las matanzas perpetradas por las Fuerzas Armadas bajo su mando, y que «no lo detuvo a pesar de tener el poder para evitarlo».

En el histórico fallo, el tribunal aseguró que el militar, de 86 años, es «responsable» del genocidio perpetrado en contra de los ixiles «en calidad de autor», el cual durante el período en que gobernó de facto el país, se cobró la vida del 5,5% del total de la población perteneciente a esa etnia.

El tribunal también revocó el arresto domiciliario del exdictador, en el que permanecía desde enero de 2012, y ordenó su inmediata detención y traslado a un cuartel militar que funciona como prisión preventiva.

Los jueces consideraron que las Fuerzas Armadas «utilizaron el hambre como arma militar» para destruir a los ixiles, los cuales fueron declarados «enemigos internos del Estado», y que todas las acciones represivas contra los indígenas tenían como objetivo «la aniquilación» de esa etnia.

Ríos Montt, quien escuchó la sentencia del tribunal con aparente serenidad, fue acusado por la Fiscalía de la muerte de 1.771 indígenas ixiles a manos del Ejército durante los quince meses que gobernó de facto Guatemala.

Con la sentencia emitida, explicó la juez Barrios, «se reconoce la verdad» de los hechos ocurridos, que «deberá ayudar a sanar las heridas del pasado» y «fortalecer la democracia del país».

«Este tipo de hechos no deben de volver a repetirse. El pueblo de Guatemala desea vivir en paz», subrayó la juez.

Esta es la primera vez en la historia de Guatemala que un exjefe de Estado es procesado por las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la guerra interna.

Desde Maizca nos alegramos porque esta sentencia supone iniciar el camino hacia la paz y la justicia en Guatemala, y nos solidarizamos con las familias de las victimas.