José María Vera, Director General de Oxfam Intermón.
Una niña escribe en la pizarra en la escuela de Rutenderi (Burundi). Imagen de Pablo Tosco.
El Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE hizo públicas ayer sus cifras oficiales para 2015, confirmando la lamentable posición de España entre los 28 donantes. Ha sido un año en el que se ha alcanzado un nuevo récord en el volumen global de la ayuda en el mundo, con 131.586 millones de dólares. En realidad este crecimiento se debe al cómputo dentro de esta cantidad de los recursos empleados en ejecutar la política doméstica de asilo y refugio, más del 20 % del total de la “ayuda” en los casos de Suecia, Italia, Grecia, Holanda y Australia. Dinero que nunca sale de las fronteras de cada país.
Los datos muestran una situación española que debería ruborizar a cualquier líder político que pretenda defender un país solidario, responsable con el mundo en el que vivimos y consciente de que ya apenas nada se resuelve dentro de las limitadas fronteras del cómodo localismo. Una enfermedad de la que nuestra clase política parece tener un ataque agudo en estos tiempos.
Con un 0.13 % del PIB, España se encuentra a la cola de los países miembros del CAD, y en conjunto, en los últimos años es el donante que más ha reducido su cooperación: más que países como Grecia, Portugal o Irlanda. Es en el capítulo de la Ayuda Humanitaria donde más se ha notado este recorte, por encima del 80%, dejando unas capacidades mermadas para responder allá donde las personas sufren más, en desastres naturales, conflictos y zonas limítrofes, donde los refugiados llegan por millones y se quedan. En el fondo es una política coherente. Nuestro gobierno no acoge refugiados, apoya las devoluciones y no responde como debe a su situación humanitaria en Jordania, Líbano, desplazados en Siria o tantos olvidados en Sudán del Sur, RCA y otras crisis.
Los 1446 millones de euros desembolsados, que nos colocan entre los últimos de la fila, se vuelven calderilla si los desglosamos. La mitad se va en contribuciones obligatorias a la UE y organismos internacionales. Descontando los costes administrativos, crecientes en porcentaje por la disminución del total, apenas queda para llevar a cabo una política de cooperación al desarrollo que merezca tal nombre. Apurar la ejecución de fondos retrasados, tratar de impulsar de nuevo una confusa cooperación reembolsable o captar recursos de otros donantes para ejecutarlos por delegación son, bien parches para justificar la cicatería, bien opciones parciales. La Agencia Española de Cooperación Internacional no es una consultora que deba dotarse de sentido estirando recursos pasados y ejecutando los de otros. Eso lo hacen los organismos zombis que no reconocen su estado.
No será por falta de reflexión. La crisis, los zarandeos del tiempo que nos toca y la Agenda 2030, han catalizado intensos procesos de reflexión y cambio. Hay muchas y buenas propuestas para avanzar hacia una verdadera política de desarrollo. Los análisis siguen siendo solventes y muchas organizaciones estamos inmersas en transformaciones profundas, con sus durezas y sus ilusiones, mirando más allá de nuestra zona de confort habitual.
La sociedad sigue respondiendo muy por encima del Gobierno. El apoyo a la ayuda al desarrollo se mantiene mayoritario. A modo de ejemplo, en Oxfam Intermón hemos incrementado nuestra base social en 10.000 colaboradores netos el año pasado y accedemos a financiación pública internacional, en montos significativos y para programas de envergadura. De un presupuesto de casi 90 millones de euros, la financiación por parte de la administración central es de apenas el 4 %. Bien, esto nos da independencia y todo lo que se quiera. Sin embargo también es un reflejo, como ocurre en otros casos de ONG, academia y profesionales, de una desproporción notable entre las capacidades de un sector experimentado respecto a la dejación de responsabilidades por el lado público. El impacto en nuestra posición internacional es devastador.
Dicho lo anterior, la nueva situación política por incierta y corta que se atisbe, ya apunta alguna luz. Todos los grupos parlamentarios del Congreso, salvo el PP, han aprobado una proposición no de ley que insta al nuevo gobierno a elaborar una nueva Ley de Cooperación Internacional al Desarrollo, alcanzar el 0.4% del PIB para AOD durante la legislatura y de éste, destinar al menos el 10 % a Acción Humanitaria.
Todos los grupos menos el PP. ¿Por qué? Me cuesta tanto entenderlo. Esto no es ideología, ni partidismo, ni uno de los temas sensibles, motivo de encuentros y desencuentros en estas cansinas semanas. Es evidente. Por solidaria humanidad y por responsabilidad internacional, hasta por intereses directos de nuestro país. ¿O es que nada de esto les importa?
Visto el 14 de abril de 2016 en 3500 Millones blogs.elpais.com