Los diputados de la alianza oficialista planean aprobar una ley, típica de las dictaduras, para sacar de la jugada a la sociedad civil organizada que apoyan la lucha contra la impunidad.
POR JAVIER ESTRADA TOBAR / 8 MAYO, 2018
No pudieron expulsar del país a Iván Velásquez en agosto del año pasado. Un mes después tampoco lograron garantizar impunidad para los criminales con las fallidas reformas al Código Penal. Y no consiguieron desacreditar a Thelma Aldana, quien este mes está por salir por la puerta grande del MP. El presidente Jimmy Morales y el Pacto de Corruptos ya perdieron esas batallas, pero esta semana esperan por lo menos una victoria y es en contra de las organizaciones no gubernamentales (ONG) que respaldan y apoyan la lucha contra la impunidad de la CICIG y el MP. Por eso, el próximo golpe está planeado contra ellos.
Las ONG, como se conoce a las organizaciones, asociaciones y fundaciones, son las plataformas de trabajo y captación de fondos para los activistas que luchan por las causas que consideran justas. Y en algunos casos, esas luchas resultan incómodas para el gobierno.
La Fundación Myrna Mack, con Helen Mack a la cabeza, por ejemplo, fue una de las ONG que en los años dos mil cabildeó en la ONU por la creación de la CICIG, mientras que estructuras criminales se oponían a la creación de la Comisión. Y recientemente, la Fundación actuó para evitar que Jimmy Morales expulsara del país a Iván Velásquez, luego de que el comisionado expusiera casos de corrupción contra el presidente y su familia.
Otros casos son los de Acción Ciudadana, una asociación civil dirigida por Manfredo Marroquín y la organización Mujeres Transformando el Mundo, a cargo de Paula Barrios. La primera investigó y denunció casos los casos de corrupción IGSS-Pisa y Plazas Fantasma en el Congreso. Y la segunda acompañó a las niñas víctimas del incendio Hogar Seguro Virgen de la Asunción y a sus familias, en un caso por el que se investiga a funcionarios del gobierno y por el que Jimmy Morales está señalado.
–Desde el momento que decidimos luchar contra la impunidad, como es el caso de la Fundación Myrna Mack, o luchar contra la corrupción y las violaciones a los derechos humanos, las ONG sabemos que estamos tocando intereses de grupos muy poderosos y por eso nos estamos exponiendo a ser atacadas por un gobierno autoritario, explica Helen Mack.
Y la forma en que el gobierno planea atacar a las ONG es a través de una nueva ley. La iniciativa de Ley de ONG establece disposiciones que le permitirían al presidente decidir qué organizaciones de la sociedad civil pueden operar y cuales deben ser canceladas. Es una especie de superpoder, muy parecido al que se atribuyen los mandatarios de regímenes autoritarios.
El Congreso tiene en su agenda la probación de la Ley de ONG y, según Manfredo Marroquín, ese tipo de iniciativas son las que hacen que Guatemala se parezca más a Venezuela.
–El gobierno de Nicolás Maduro asfixia a las organizaciones impidiendo que reciban recursos y algo muy parecido es lo que Jimmy Morales tiene en mente, indicó. –Se trata de una estrategia que contempla usar la ley para combatir a quienes luchan para que se hagan cumplir las leyes y el Estado de Derecho.
Otros casos notorios son los de la Asociación Seguridad en Democracia (SEDEM) dirigida por Iduvina Herández y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales.
Un superpoder para Jimmy
La iniciativa de ley 5257, respaldada principalmente por diputados de las bancadas FCN, TODOS, UCN, MR, AC y algunos congresistas independientes, pretende terminar el trámite de aprobación de la Ley de ONG. Esa ley le otorga al Ministerio de Gobernación todo el poder para definir la suerte de las ONG. Y aunque no se expone de forma explícita, al final es el presidente quien tiene la última palabra, en el entendido que es el jefe del ministro de Gobernación.
Una de las disposiciones en la ley establece que “si una ONG utiliza donaciones o financiamientos externos para alterar el orden público, será inmediatamente cancelada en el Registro de las Personas Jurídicas (REPEJU) del Ministerio de Gobernación y sus directivos responsables, serán imputados conforme a la legislación penal y civil vigente”.
A criterio de Paula Barrios, la iniciativa está llena de disposiciones y reglas ambiguas, sujetas a la interpretación de las autoridades. –Si por ejemplo manifestamos para exigir mejoras en los hogares donde el Estado atiende a los niños, el presidente podría considerar que estamos alterando el orden público y eso implicaría que nos cancelen la organización.
Pero hay otro tipo de disposiciones en la ley que también harían vulnerables a las ONG, que van desde la obligación de usar solo cuentas bancarias a nombre de las organizaciones y hacer legalmente responsables a sus asociados -y no solo a los directivos- en conflictos legales, hasta la obligación de las ONG internacionales de cumplir con trámites burocráticos en el Ministerio de Relaciones Exteriores.
A criterio de Helen Mack, la idea de imponer tantas reglas a las ONG tiene que ver con una estrategia para facilitar su cancelación. –Quieren que cometamos pequeños errores legales para justificar el cierre de las organizaciones; ese sería el precio que pagaríamos por apoyar a la CICIG o por cuestionar el trabajo del presidente.
Los activistas no piensan quedarse de brazos cruzados. Y cuando la ley entre en vigencia presentarán acciones legales para que se declare inconstitucional y se anulen las nuevas disposiciones.
Según Paula Barrios, la Constitución, los Acuerdos de Paz y las leyes ordinarias respaldan el derecho a la asociatividad que el gobierno quiere violar. –Si a alguien le quedaban dudas de que esta administración no es democrática, en esta ley está su respuesta.
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