Roberto García
Cindy López Samayoa
Sergio Ramírez
17/10/2017
Contra la corrupción y por la dimisión de Jimmy Morales
Roberto García
Mientras las cúpulas políticas buscan blindar su impunidad, crece en Guatemala un movimiento popular rico y diverso que exige un fin a la corrupción y la dimisión del presidente, Jimmy Morales. Una multiplicación de manifestaciones, el asedio al Congreso nacional y un paro general que llevó a un cuarto de millón de guatemaltecos a las calles capitalinas han marcado un quiebre en un país donde las atrocidades de la maquinaria contrainsurgente habían generado una sociedad civil habitualmente temerosa, desconfiada.
El pasado 25 de agosto el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, viajó a Nueva York para entrevistarse con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Oficialmente, el mandatario parecía interesado en tratar con él temas relativos a la actual situación en los países del triángulo norte de Centroamérica, su impacto entre los migrantes y el flujo de refugiados que generan problemas de “seguridad”. Sin embargo, las preocupaciones de Morales eran de índole doméstica y sobre todo particulares: deseaba evitar ser investigado por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), una entidad que actúa desde hace una década en el país a raíz de un acuerdo entre Guatemala y la ONU. Según ha trascendido, las pruebas de la CICIG eran tan contundentes como las que habían propiciado la destitución del anterior presidente, Otto Pérez Molina, y su vice, Rossana Baldetti, dos años atrás. Desde entonces estos últimos se hallan en prisión por un grave delito de defraudación tributaria sistemática al Estado guatemalteco.
Por el momento, el caso de Morales difiere de los anteriores: solamente es acusado de recibir “financiamiento electoral ilícito” proveniente de “aportes anónimos” que no declaró y ocultó a las autoridades electorales durante su última campaña por la presidencia. En Centroamérica ese tipo de aportaciones suelen estar estrechamente vinculadas al narcotráfico, y Morales, en su calidad de secretario general del ignoto y novato partido político que lo llevó al poder, el Frente de Convergencia Nacional (FCN), debió haber procedido respetando la legislación vigente. La situación legal del hijo y del hermano de Morales también es comprometida, aunque en sus casos sólo se trate de haber simulado compras desde el Estado a restaurantes que en realidad no proveían los alimentos que constaban en los contratos. La cifra por otra parte es irrisoria: tan sólo 36 mil dólares.
Impunidad a toda costa
En ese contexto y apenas regresado de Estados Unidos, en un breve video Morales procedió a comunicar oficialmente que declaraba non grato al jefe de la CICIG en Guatemala, el colombiano Iván Velásquez. Significaba, entre otras cosas, que este último disponía de un breve plazo para abandonar el país. Para proceder en esos términos el presidente guatemalteco debió prescindir de su canciller, quien no estaba de acuerdo, nombrando en su lugar a la viceministra, Sandra Jovel (que es acusada de falsificación de documentos para proceder ilícitamente a la adopción de un bebé).
El procurador de Derechos Humanos impuso rápidamente un recurso de amparo ante la Corte de Constitucionalidad, y los magistrados de ésta, también con premura, advirtieron la “ilegalidad” en cuanto a la forma del decreto emitido por Morales, procediendo a la “suspensión definitiva” de la orden de expulsión del comisionado Velásquez. Morales, necesitado de apoyos, los encontró. En un twit, el ex presidente de Colombia Álvaro Uribe acusó a su compatriota de entrometerse en los asuntos internos de Guatemala. A nivel doméstico, las cámaras empresariales, los ganaderos y el ejército –fundamentalmente la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala– han secundado el accionar presidencial. Junto a ellos actuó el Congreso, que mediante un procedimiento legislativo de urgencia desoyó el pedido de la CICIG y “blindó” al presidente Morales para evitar que sea investigado. Pero eso no era todo: el pacto de impunidad que apuraban los diputados debía incluir también su propia salvación, ya que por lo menos 40 de ellos están siendo investigados por diversas causas criminales. En razón de esto, aprobaron leyes de “urgencia nacional” para evitar que los secretarios generales de los partidos fueran procesados. Como remate, la Cámara también trató y aprobó por 107 votos contra 13 otra moción para que las penas de prisión derivadas del financiamiento ilícito puedan evitarse mediante el pago de fianza, algo que los involucrados en ese tipo de delitos pueden fácilmente sufragar.
Inmediatamente, seis acciones de amparo llegaron a la Corte de Constitucionalidad, que entendió que las reformas al Código Penal no sólo significaban una intromisión de los diputados sino también que constituían una “seria amenaza” de “daños irreparables” al sistema de justicia. Por unanimidad, procedió entonces a suspender el trámite de refrendación de las medidas adoptadas por el Congreso.
Respuesta popular
Siguieron momentos de rabia e indignación que encontraron rápida y masiva expresión en una manifestación de más de 20 mil personas que espontáneamente rodearon el recinto parlamentario impidiendo que los diputados salieran del lugar. Fueron nueve horas de tensión que se disiparon una vez avanzada la noche y mediando la represión policial.
Pese a que varios representantes dijeron sentirse satisfechos con las leyes y denostaron a los manifestantes –eran “20 twiteros”, dijeron algunos–, el rigor popular y la acción de la Corte no habían sido en vano: hubo voces de arrepentimiento y pedidos de disculpas ante el proceder del colectivo, archivándose la reforma al Código Penal. De todas formas, desde entonces el clamor popular creció incesantemente, acicateado por otras revelaciones sobre hechos no menos impúdicos que los anteriores. Merecen destacarse tres de ellos. El primero, que el presidente Morales –el mejor pago de todos los gobernantes latinoamericanos– recibía de manera encubierta un sobresueldo de 7 mil dólares mensuales que le pagaba directamente el Ejército. Segundo, se publicaron audios comprometedores en los que el ministro de Finanzas –un asesor muy cercano al mandatario–, durante una reunión con diplomáticos y empresarios acaecida semanas antes de que estallara abiertamente el conflicto, manifestaba estar al tanto de un “pacto” entre cúpulas políticas para evitar los procesos judiciales. El ministro, según las grabaciones, sólo tenía un matiz de discrepancia con el presidente: no quería que las medidas de impunidad se aprobasen con prisa y “a lo pirata”. Tercero, el vicepresidente aseguró a inicios de setiembre que Guatemala estaba preparada para recibir a las decenas de miles de inmigrantes guatemaltecos que están siendo deportados desde Estados Unidos, y dio a entender que no comprendía las razones por las cuales se habían autoexiliado de su país: sobrevoló en su explicación el factor turístico.
En la ONU
El despropósito y la falta de tino en todas esas arriesgadas decisiones no sorprenden, al fin y al cabo el presidente proviene del mundo del espectáculo: saltó a la fama como comediante de televisión. El 19 de setiembre desplegó con notable habilidad sus dotes actorales en su discurso ante la Asamblea General de la ONU. Más allá de que el cónclave estaba prácticamente vacío cuando compareció, memorizó un estudiado guión de 17 minutos según el cual el gobierno guatemalteco “está comprometido plenamente en la lucha contra la corrupción y la impunidad”, con el cuidado de los “recursos naturales”, con la necesidad de “garantizar la seguridad alimentaria” y “elevar las condiciones de las personas más vulnerables”. Morales aseguró que –en un país donde la pobreza afecta a más de la mitad de la población y ha ido en aumento en la última década– “se está trabajando arduamente en la estrategia nacional para la prevención de la desnutrición crónica”.
Luego pasó al tráfico de drogas, que él se propone “acabar” de “una vez por todas”, y mostró similar convencimiento al destacar el “firme compromiso” de Guatemala con la Alianza para la Prosperidad que impulsa Estados Unidos para “fomentar la seguridad” en esa zona del mundo. No podía faltar, a renglón seguido, la “grave preocupación” por Venezuela: denunció la “ruptura del orden democrático”, la “violación de los derechos humanos”, la “falta de garantías” y “los continuos actos de violencia y persecución”.
Morales también aprovechó la ocasión para dejar sentada su opinión sobre sus problemas con la justicia de su país, y en particular con la CICIG. Apeló en este caso a la historia. Según su versión, el comisionado de la ONU actuaba en Guatemala por “nuestra iniciativa” y su instalación se debía a los Acuerdos de Paz de 1996, alcanzados tras un “conflicto interno” que, de acuerdo a la visión de quienes escribieron el libreto de Morales, encontraba sus raíces en una “polarización ideológica internacional” que a su vez era el “producto de doctrinas políticas ajenas a nosotros”. Más preocupantes que esta lectura en clave de Guerra Fría, fueron sus palabras finales. El mandatario envió un “mensaje de unidad”, porque “estamos viviendo un momento de polarización que no conviene, ni nos llevará a un lugar seguro”, advirtió. Lo que no “convenía” a Morales y a lo que se refería fue lo que sucedería al día siguiente en Guatemala. El centro capitalino fue pacíficamente desbordado por 250 mil almas, en una jornada de paro nacional para exigir la renuncia del presidente y la destitución de los diputados que le aseguraron su impunidad. Numerosas manifestaciones similares tuvieron lugar paralelamente en varios departamentos del país. En dicha repulsa convivieron una diversidad de fuerzas y movimientos sociales que incluyeron a comunidades indígenas, sectores medios capitalinos y a la asociación de estudiantes universitarios, apoyada oficialmente por el rector de la universidad pública.
Más allá de Jimmy
Los protagonistas visibles y ocultos de la situación que atraviesa el país de la “eterna primavera” deben colocarse en un contexto histórico más amplio. Desde esa perspectiva, poco importante es Morales, una figura meramente decorativa arribada al poder rápidamente tras el procesamiento del binomio presidencial anterior. En apariencia –se interpretó–, el actor podría evitar, con cierto carisma, la prolongación de las masivas manifestaciones populares de 2015 que presagiaban un desborde popular de mayores y más graves consecuencias. Sí interesa colocar sobre la mesa de análisis que los apoyos principales del mandatario provienen de quienes lo financiaron y construyeron como candidato: los militares contrainsurgentes guatemaltecos y las cámaras empresariales, secundadas por los canales privados de televisión.
Esta realidad está íntimamente relacionada al proceso de conformación de los estados centroamericanos, cuyo origen se remonta a mediados del siglo XIX, cuando fueron construidos y consolidados posteriormente de manera piramidal, sobre bases que suponían, como han escrito varios historiadores, “maximizar ganancias y socializar pérdidas”. Es que la dominación ejercida por las elites incluía una radical desigualdad y falta de solidaridad de su parte hacia el resto de la población. En Guatemala hubo un agravante particular: esas elites siempre fueron racistas, y como parte del andamiaje dejaron históricamente fuera del acceso a los recursos del Estado a la población indígena, que en el país es mayoritaria. Tradicionalmente los indígenas constituyeron la mejor y más económica mano de obra: su labor no era remunerada y una parte del año debían trabajar en las obras públicas so pena de ser considerados “vagos” por el Estado. Aquí entra en juego un factor que también forma parte de esos estados “débiles” para bregar por los derechos de las grandes mayorías, pero crudamente “fuertes” si de reprimir se trata: las fuerzas armadas. Como ha escrito el historiador costarricense Víctor Hugo Acuña, uno de los más lúcidos estudiosos de estos procesos, “los estados centroamericanos han prohijado y se han beneficiado del autoritarismo que permea toda la vida social”.
La impunidad que buscaba el organismo legislativo guatemalteco es la manifestación actual, pero siempre presente, de un poder estatal ajeno al padecimiento de una sociedad civil habitualmente temerosa, desconfiada. Y en Guatemala hay sobradas razones para esto último. La maquinaria contrainsurgente guatemalteca, cuya intencionalidad estatal hoy resulta evidente al conocerse varios documentos oficiales, supuso una acentuada cultura de anticomunismo que ambientó los crímenes más masivos y horrendos de toda la Guerra Fría latinoamericana: fue allí donde se “inventó” la desaparición forzada masiva. Que el Congreso guatemalteco haya sido sitiado por una multitudinaria manifestación espontánea de sectores civiles representa por eso un divorcio histórico.
Rebeldía histórica
No todo ha sido tiranía en la tierra del quetzal: la rebeldía ha signado su historia. Los “motines de indios” que resistieron la conquista en el siglo XVI fueron intensos hasta el último tercio del siglo XIX, cuando los ejércitos fueron profesionalizados y aseguraron el “orden” desigual que se reseñó. Pero esa Guatemala tan sólo en apariencia distante posee un ejemplo revolucionario radical que marcó el devenir de la Guerra Fría y de las relaciones de América Latina con Estados Unidos. Aquella breve pero intensa experiencia de diez años –de 1944 a 1954–, conocida como la “primavera democrática”, podría ser recuperada por las nuevas generaciones de guatemaltecos. En las administraciones de quienes fueron sus presidentes, Juan José Arévalo y Jacobo Árbenz, hay una referencia excepcional a imitar: en esos años los esfuerzos estatales no estuvieron dirigidos a reprimir salvajemente a la mayoría de sus habitantes. Todo lo contrario, fue una oportunidad única en la que el Estado jugó un rol decisivo para promover el cambio y bregar por la justicia social. Los gobernantes de ese entonces emplearon sistemáticamente las fuerzas del Estado para promover los grandes intereses de la nación, para reconocerle al guatemalteco su condición de ser humano y de trabajador objeto de derechos, incorporando la rica diversidad étnica del país. Guatemala vibraba entonces de fervor revolucionario, sus habitantes se sentían parte de un proyecto colectivo junto a dirigentes políticos que eran sus interlocutores.
El paro nacional del 20 de setiembre, el rol activo de la universidad, la recuperación de la asociación estudiantil y las sucesivas muestras de rechazo ciudadano a lo largo y ancho del país evidencian un hastío.
A nivel internacional la atención que ha recibido la situación actual en Guatemala ha sido limitada. En cuanto a la OEA, las permanentes consignas del secretario general han estado prácticamente ausentes con respecto a este país: fueron dos escuetos twits. Y aunque el recién llegado embajador estadounidense apoyó pública y personalmente al comisionado Velásquez, es pesada la herencia de Estados Unidos. Dos ejemplos: el involucramiento de médicos estadounidenses que probaron en guatemaltecos las reacciones que producían ciertas vacunas, y el golpe ejecutado por la CIA en 1954 para devolver las tierras expropiadas a la United Fruit, abortando la que fue su única experiencia democrática exitosa.
Urgentemente, Guatemala necesita la solidaridad latinoamericana. Aunque aparentemente lejana, quizás sea propicio recordar la breve misiva que Ernesto Guevara –quien forjó definitivamente su espíritu revolucionario en Guatemala– le escribió a sus hijos antes de partir a la que sería su última experiencia internacionalista: “sean siempre capaces de sentir en lo más hondo cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte del mundo”.
Una construcción de nunca acabar…
Cindy López Samayoa
Para llegar a las comunidades de Santa Clara, Los encuentros Amachel o Centro Amachel -entre otras-, ubicadas al norte del municipio de Chajul, del departamento de Quiché, en Guatemala, hay que recorrer alrededor de 20 kilómetros desde la aldea Xaxmoxán, Chajul, por un camino de tierra, que más bien es una trocha que se encuentra en pésimas condiciones, lo que hace imposible transitarla en cualquier vehículo, por lo que se necesita uno de doble tracción, con un motor potente, incluso se deben usar cadenas en las llantas para poder avanzar por el lodo y las piedras del camino. Para andar esos 20 kilómetros se necesitan entre 4 y 5 horas.
Me consta, yo fui testigo del deplorable estado en que se encuentra esa carretera -aunque resulta irónico llamarla así-. Salimos de Xaxmoxán alrededor de las 4:00 de la tarde y llegamos a Santa Clara a las 9:00 de la noche. El vehículo en el que íbamos -uno de doble tracción- no pudo pasar, tuvimos que dejarlo parqueado en una de las casas cercanas y seguir el camino en el pick up que usualmente hace los traslados en el área. Viajamos en la parte trasera del vehículo -en la palangana-, debiendo bajarnos del mismo en varias ocasiones e ir a pie por lo peligrosos que resultaban algunos tramos del camino. La lluvia comenzó a caer e hizo el traslado aún más difícil. O quizás deba decir: nos permitió experimentar más a cabalidad lo que a los pobladores de estas comunidades les toca vivir para movilizarse.
Mi viaje a Santa Clara se enmarcó en un voluntariado para dar clases a los estudiantes del Instituto Nacional Básico por Telesecundaria -INEBT- y en una investigación académica. Es decir, yo sería una extraña de paso que, aunque tratara de insertarme en la cotidianidad de la comunidad -empezando por la vivencia en la carretera-, sabía que luego de algunos días regresaría a mi “normalidad”. Pero no quería quedarme en ser solamente una “extraña de paso”. Yo quiero contribuir al esfuerzo y la lucha que desde hace varios años estas comunidades llevan a cabo para exigirle al Estado el cumplimiento de sus derechos fundamentales, de los cuales la mayoría -por no decir todos- está desatendida o precariamente atendida.
Es por ello que a través de este escrito me uno a la denuncia que la semana pasada hicieran los representantes del órgano del Consejo Comunitario de la microrregión 6 del municipio de Chajul, Quiché a través de una conferencia de prensa en la que exigieron al Estado cumplir con una de sus responsabilidades: la construcción de la carretera que conecta entre los municipios de Ixcán y Chajul, del aquel departamento.
De acuerdo a los datos brindados en la conferencia de prensa, desde hace 13 años se está construyendo esta carretera y a la fecha aún no está finalizada, pero curiosamente, la misma sí se ha “inaugurado” en cuatro ocasiones, casi seguro previo al período de elecciones. Sí, así como se lee: una carretera no construida pero que ha sido inaugurada varias veces. Pareciera una historia de Macondo, de Les lutieres o de la Dimensión desconocida, pero no es así. Esto sucede hoy en día en Guatemala. Y esta “incoherencia” se vuelve más dramática aun cuando nos enteramos que el tipo de carretera que las comunidades están exigiendo es una carretera de tierra, balastrada, no de asfalto.
Al parecer no está claro el por qué este proyecto de carretera nunca se concluyó. Según los líderes comunitarios, la información que a duras penas les han proporcionado las instituciones estatales a las que se han abocado, es que a la empresa constructora no se le ha pagado el trabajo, pero el Gobierno ya se gastó los fondos -de nuevo remeda a Macondo-. Dicho sea de paso, un dato fundamental proporcionado en la conferencia de prensa y que no se puede dejar de mencionar, es que la empresa constructora pertenece a un diputado de dudosa reputación del Congreso de la República. Quizás esa sea la razón que lo explica todo.
Curiosamente el tramo de la carretera que está en buenas condiciones finaliza justo en la finca La Perla, en donde se ubica la hidroeléctrica Xacbal, la cual es una empresa privada. Esto me hace pensar en la coyuntura actual relacionada con el estado de las carreteras en el país -un problema histórico como muchos otros- y en el Encuentro Nacional de Empresarios (ENADE) 2017, recientemente realizado, con la temática: “infraestructura para el desarrollo”. ¿Desarrollo para quién? habría que especificar. Porque para citar uno de muchos ejemplos, esta hidroeléctrica privada no parece haber traído desarrollo a las comunidades del lugar, a pesar de ser la segunda más grande después de Chixoy (Reynolds, 2007)[1].
Estamos en un momento en que todos los ojos están puestos en la mala situación de las principales vías de comunicación por las que se transportan los productos de las grandes empresas, y en el que se escuchan propuestas como “privatizar la construcción, administración y mantenimiento de las carreteras”, los medios de comunicación se llenan de campos pagados manifestando la preocupación del sector empresarial porque el Estado no les mantiene las carreteras en óptimas condiciones e incluso indignados exigen la renuncia de funcionarios públicos. Como si el problema se tratara de personas, que dicho sea de paso muy funcionales les han sido en ocasiones, y no de un sistema puesto en marcha por esos mismos empresarios que no pagan impuestos, que continuamente están buscando la forma de evadirlos, que cada año entran en grandes discusiones por el aumento de apenas Q100.00 o Q200.00 en el salario mínimo -alrededor de USD30.00-, el cual es uno de los más bajos de América Latina y que finalmente no todos pagan, especialmente los cañeros, que son los que bastante uso hacen de las carreteras, pero que además sobreexplotan a los y las trabajadoras y se ingenian estrategias para no pagarles lo equivalente a lo trabajado, en otras palabras: les roban[2].
Lo que todo esto evidencia es la existencia de un Estado al servicio de la empresa privada, que solamente se ocupa de resolver y atender las necesidades de este sector que le “representa ganancias al país” -la reciente participación del Presidente de la República en el Encuentro empresarial lo confirma-, y desatiende a miles de guatemaltecas y guatemaltecos que “no le generan beneficios”. Pero ese desinterés no es casual, la desatención de las grandes masas de pobres, en especial de las poblaciones indígenas del área rural del país, tiene entre otros objetivos de trasfondo: generar mano de obra barata. Y en el caso que nos ocupa muy seguramente una suerte de venganza histórica, porque algunas de las comunidades que reclaman la construcción de la carretera son parte de las Comunidades de Población en Resistencia -CPR- de la Sierra, quienes durante los años más difíciles del Conflicto Armado Interno -CAI-, se refugiaron en las zonas montañosas cercanas a sus comunidades para sobrevivir a los ataques y la persecución de las que fueron víctimas por parte del Estado. Pero también para resistir, se organizaron para, en la medida que las condiciones se los permitían, atender de forma equitativa las necesidades de sus comunidades, llegando a alcanzar un modelo de desarrollo basado en la democracia de base (un verdadero germen de socialismo).
Así como fui testigo del pésimo estado de la carretera, uno de los principales obstáculos para el desarrollo, según lo manifiestan los pobladores del área, también fui testigo de la lucha y esfuerzos que estas comunidades realizan para mejorar su situación de precariedad, específicamente el caso de Santa Clara, la cual a pesar de encontrarse prácticamente incomunicada cuenta con el INEBT, al cual el Ministerio de Educación solamente ha asignado un profesor, quien no se presenta a sus labores como corresponde. Además tienen un hospitalillo atendido por un médico español que los visita de forma voluntaria cada seis meses, una clínica a cargo de un enfermero de la comunidad. Ante la falta de servicio de energía eléctrica y de agua potable, gestionaron paneles solares para el hospital y el laboratorio de computación del Instituto; y depósitos para la recolección de agua de lluvia.
A pesar de que la infraestructura antes descrita pueda parecer muy poca para hablar de un desarrollo humano digno e integral, es necesario reconocer que todo ello es un logro de Santa Clara, gestionado a partir de la organización comunitaria con apoyo de donaciones nacionales e internacionales. El Estado prácticamente no existe en Santa Clara y no cumple con su obligación de garantizarles a todos los y las guatemaltecas por igual el desarrollo integral de la persona, entre otras cosas, según lo mandata la Constitución Política de la República.
El Estado solamente se hizo presente en Santa Clara a través de su aparato represivo, el Ejército, cuando los reprimió, los persiguió y los mató, entonces sí fue eficiente para llevar a cabo sus objetivos, sí fue capaz de cumplir con sus “tareas”, no tuvo que recurrir a la privatización, como pareciera que quiere plantearse ahora como única solución al tema de la red de carreteras, y a muchos otros problemas histórico-estructurales no resueltos por el Estado. ¿Por qué ahora no es igual de eficiente para atender todas las necesidades de esa población? ¿En dónde está el alcalde o los diputados que los representan? ¿Cuántas veces al mes o al año se reúne con ellos para conocer sus necesidades, proponer soluciones y llevarlas a cabo? ¿Solamente una vez cada cuatro años, previo a las elecciones? En efecto, así es; y los pobladores de esta área lo tienen muy claro, saben que los políticos solamente se acercan a sus comunidades para la época de la campaña electoral, ofreciéndoles regalos a cambio de votos. La carretera en construcción de nunca acabar, es una prueba de ello.
Notas:
[1] Con una capacidad de 94 megavatios, la hidroeléctrica Xacbal en San Gaspar Chajul, Quiché, será la mayor hidroeléctrica que se construirá en los últimos 20 años, después de Chixoy. Sin embargo, los pobladores de las aldeas chajulenses cercanas a la hidroeléctrica, cuyo inicio de operaciones está previsto para 2010, señalan que el proyecto fue autorizado sin un proceso de consulta adecuado. […] el municipio de Chajul, donde se desarrolla la hidroeléctrica Xacbal, se caracteriza por sus condiciones de extrema pobreza. Una de los problemas que viven es la falta de luz eléctrica. Actualmente, la subestación eléctrica más cercana al área Ixil se encuentra en el municipio de Sacapulas, y debido a la distancia -unos 50 km de carretera-, el servicio es caro, de baja calidad y no llega más allá de la cabecera municipal, Chajul. Por lo tanto, la Mesa Regional Ixil, la cual aglutina a 36 organizaciones sociales de Nebaj, Chajul y Cotzal, […] considera una ironía que la electricidad producida por Hidro Xacbal sea para abastecer a la subestación La Esperanza, localizada en Quetzaltenango. Francisco Velasco Marroquín, de la Mesa Regional Ixil, dijo a Inforpress: «Se necesita ese servicio. Pero lo contradictorio es que se lo quieren llevar a otro lugar». El sacerdote Nicolás Gómez, de la aldea Chel, ha propuesto la creación de una subestación eléctrica en Chajul que pueda proporcionar un servicio de calidad y a un precio asequible para todo el área Ixil. Bajo esta propuesta, la electricidad sería distribuida por una cooperativa creada por la comunidad. Sin embargo, Hidro Xacbal ha rechazado la propuesta argumentando que esto representaría un costo demasiado elevado para la empresa. Ver: Reynolds, L. (2007). Construcción de hidroeléctrica Xacbal genera descontento en población Ixil. Recuperado de: http://www.albedrio.org/htm/articulos/l/lr-028.htm
[2] Ver: Colussi, M. (2016). Entrevista a dos trabajadores cañeros revolucionarios en la Costa Sur de Guatemala: “Hay temor, pero debemos volver a trabajar para organizarnos”. Recuperado de:http://www.albedrio.org/htm/entrevistas/albedrio-045.html
La democracia en las calles
Sergio Ramírez
La multitud enarbola pancartas contra el presidente de la república, Jimmy Morales, y en una de ellas, donde figura su fotografía, han agregado un botón rojo a su nariz, recordando su pasado de comediante profesional de la televisión. Él tampoco parece olvidarlo, porque el año pasado, en la tarima donde presidía las celebraciones del día del ejército, se puso a marchar al son de la banda militar, a paso de tropa, frente a la mirada divertida del ministro de Defensa, general Williams Mansilla.
Otra vez la gente está en las calles y en las plazas de Guatemala en rebelión cívica, como cuando las protestas multitudinarias dieron al traste con el gobierno del general Otto Pérez Molina, obligado a renunciar junto con su vicepresidenta Roxana Baldetti, ambos en la cárcel acusados de corrupción.
Se avecinaban entonces las elecciones presidenciales y la escogencia de los electores vino a ser limitada. Por eso votaron por el comediante, que se proclamaba de manera altisonante ni corrupto ni ladrón, sólo para resultar al poco tiempo subido al mismo carrusel.
Su hermano Samuel y su hijo José Manuel fueron enjuiciados en enero de este año acusados de malversar fondos públicos: por medio de una empresa llamada Fulanos y Menganos SA, cobraron al Estado 564 desayunos que nunca se sirvieron, e igual número de canastas navideñas inexistentes. Armado siempre de sus extraños dotes histriónicos, el presidente compara su situación con la del general franquista José Moscardó, cuyo hijo fue tomado como rehén por las fuerzas republicanas durante la Guerra Civil española, mientras él se hallaba sitiado en el Alcázar de Toledo.
Las cosas se le complicaron de verdad hace poco, cuando, en defensa de la soberanía nacional decidió declarar persona non grata al jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el jurista colombiano Iván Velásquez Gómez, afamado por su rectitud, en represalia porque la comisión decidió investigar el financiamiento ilícito del partido de Morales durante la campaña presidencial de 2015.
La CICIG, que depende directamente del secretario general de las Naciones Unidas, y actúa de manera independiente según lo garantiza una ley de la república, tiene el impresionante récord de haber llevado más de una docena de casos judiciales, con el apoyo del Ministerio Público, en los que se han visto involucrados funcionarios gubernamentales de diversas categorías, empezando por presidentes de la república, y ha logrado someter a juicios por corrupción a unos 300 implicados, entre políticos, ministros, empresarios, diputados y alcaldes.
El panorama se ha oscurecido para el antiguo cómico. La gente salió a las calles en protesta por la orden de expulsión contra Velásquez. El canciller Carlos Raúl Morales se negó a despachar la notificación y renunció, junto con otros miembros del gabinete, y por fin, la Corte Constitucional anuló la medida mediante un amparo presentado por Justicia Ya, una organización juvenil defensora de los derechos civiles.
En una maniobra notable por su descaro, Morales logró mayoría en el Congreso Nacional para pasar de emergencia una reforma a la ley electoral que establecía como únicos responsables de casos de financiamiento ilícito ¡a los contadores de los partidos!, librando de antemano de toda culpa a los dirigentes y a los candidatos. Además, mediante otra reforma en paralelo al código penal, la condena, reducida a 10 años de cárcel, podía ser redimida con una multa.
La prisa de los legisladores no los llevó a ver que bajo esta medida de convertir la prisión en multa, resultaban beneficiados también los autores de más de 400 delitos tipificados, según declaró el Ministerio Público, entre ellos violadores de niños, traficantes de órganos, diversas variantes de homicidas, estafadores, y culpables de peculado y cohecho, quienes sólo tendrían que pagar 2 mil 400 dólares por cabeza para librarse de la cárcel. La impunidad repartida a manos llenas.
Ante la formidable presión ciudadana expresada en las calles y en las redes sociales y la protesta de organizaciones cívicas y gremios, los diputados se apresuraron a mostrarse arrepentidos. Se trataba de un error, anunciaron, que sería enmendado mediante una nueva ley. Nadie les creyó, y más bien la gente puso sitio al recinto legislativo exigiéndoles renunciar. La Corte Constitucional, sin darles tiempo a probar su arrepentimiento, anuló por unanimidad las dos reformas porque podían causar daños irreparables al sistema de justicia.
¿Faltaba algo más? La publicación electrónica Nómada descubrió que Morales recibía en secreto de parte del alto mando del ejército un bono extraordinario de responsabilidad y riesgo de 7 mil dólares mensuales, adicional a su salario de 20 mil dólares. El enardecimiento popular creció de temperatura. De inmediato, la Contraloría declaró ilegal el bono. Y el presidente, colocado ya al borde del abismo, anunció que devolvería todos los sobresueldos.
La moraleja fundamental de todos estos hechos donde se alternan el descaro, la corrupción, y la falta de respeto institucional, como si todo fuera un gran circo, es que desde las graderías la gente no se traga el espectáculo, y baja a la pista, indignada, a reclamar que se detenga la función.
La muchedumbre impidió las celebraciones oficiales de la independencia, llegando a asaltar la tarima presidencial antes del arribo de Morales. Y las protestas continuarán mientras la impunidad siga siendo defendida con trampas y artimañas, en burla de las leyes y la Constitución.
Otra buena noticia es que hay instituciones claves que rehúsan someterse. La Corte Constitucional, la Fiscalía, la Contraloría, son entidades vitales al funcionamiento democrático que no han sido doblegadas.
En un país tan asediado históricamente por la violencia y la descomposición como Guatemala, la rebeldía ciudadana viene a representar un activo valioso y esperanzador, del que depende el futuro institucional del país. Una intolerancia saludable que ya ha demostrado en el pasado que es capaz de atajar la rapiña y los desmanes, y puede sentar a los presidentes en el banquillo de los acusados.
La democracia, otra vez está en las calles.
La Jornada. 18 de octubre 2017
Roberto García
Doctor en historia. Profesor de la Udelar (Universidad de la República). Coeditor junto a Arturo Taracena de la Guerra Fría y el anticomunismo en Centroamérica (Flacso, 2017)
Cindy López Samayoa
Escritora, Estudió en Universidad de San Carlos de Guatemala.
Sergio Ramírez
Escritor y político. Fue vicepresidente de Nicaragua entre 1986 y 1990, durante el gobierno de la revolución Sandinista. Sus novelas y cuentos le han hecho ganar numerosos premios internacionales, como el Alfaguara (1980), el Casa de las Américas (2000) o el Carlos Fuentes (2014).
Fuentes:
http://brecha.com.uy/, 13 de octubre 2017 y La Jornada, 18 de octubre 2017